Por no hacer públicas las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro
Un año después de que una delegación del Movimiento No a la Tala compareciese en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para pedir la apertura de una investigación por los destrozos en el arbolado y zonas verdes de la ampliación de la línea 11 de Metro, los colectivos vecinales vuelven a recurrir a las instituciones europeas para defender el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones administrativas que la afectan. El 23 de septiembre, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en nombre de este movimiento, presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por incumplir una directiva europea relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ni en el BOE las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Este hecho, que también ha sido denunciado ante el Parlamento Europeo ampliando la citada petición de investigación de las talas, ha privado a la ciudadanía, y en primer lugar a las personas afectadas por las obras, de su derecho a la información y a poder realizar propuestas y alegaciones en esa fase del procedimiento.
Tal y como expone la FRAVM en sus denuncias, el proyecto de construcción de la ampliación de la Línea 11 del Metro, promovido por la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de julio de 2020. Sin embargo, la autorización del proyecto, aprobado el 25 de noviembre de 2021, no fue publicada en los boletines oficiales citados, impidiendo a las personas interesadas su acceso a la información y a poder recurrir. Y lo mismo sucedió con el proyecto constructivo modificado, que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada con Informe de Impacto Ambiental de fecha 14 de noviembre de 2023. En este segundo caso, la Comunidad de Madrid no solo no ha publicado la autorización del proyecto sino que a día de hoy ni siquiera se tiene constancia de su finalización y autorización, más allá de una nota de prensa del Gobierno regional.
Resulta increíble que las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro se encuentran en ejecución desde noviembre de 2022, provocando unas afectaciones importantes en la población y el medio ambiente, al amparo de un proyecto constructivo final que se desconoce y, por lo tanto, no se puede recurrir.
Con esta nueva irregularidad, la Comunidad ha vulnerado los artículos 9 y 11 de la Directiva 2011/92/UE y su transposición en los artículos 42 y 48 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de ámbito estatal, al no haber cumplido con el trámite de “autorización del proyecto y publicidad”, lo que ha privado “a la ciudadanía de un acceso a la información y a la posibilidad de recurrir a la justicia en la fase de autorización del proyecto”. “No sabemos si la transposición de la ley no está clara para la Administración española, pero se incumple”, subraya la FRAVM en la denuncia enviada a la Comisión Europea, que ahora tiene un plazo de 12 meses para estudiarla y decidir si abre un procedimiento formal de infracción.
