167 representa la cifra media de desahucios diarios en un reino en el que hay 26 millones de viviendas y 48 millones de habitantes, de ellas cerca de 4 millones están vacías. En 2023 se registraron cerca de 17.000 denuncias por ocupaciones ilegales, el 0,06% del total del parque inmobiliario. El 95%, es decir, la inmensa mayoría, se registraron en casas, edificios o locales desocupados (usurpación). ¡Cualquiera lo diría oyendo la prensa y la publicidad de alarmas y seguros! La mayoría de las personas entre 18 y 35 años están fuera del “mercado de la vivienda”, sea en compra o alquiler. Los precios de los arrendamientos provocan que el 44,8% de los inquilinos engrosen el ejército de quienes se hallan en “riesgo de pobreza o exclusión social”. “Optan” por el alquiler aquellos que tienen los salarios de rango menor (21.271 al año). En el mercado inmobiliario, la oferta de este modelo no supera el 2,5% del total (en la UE es el 9%). De hecho, en España, el 75,8% de las viviendas lo son en propiedad y poco más del 24% en alquiler, un 6% menos que en la UE. Ahora bien, en los últimos 10 años, el porcentaje de arrendatarios creció mucho más rápido, un 14%, mientras que el de propietarios solo un 4%.
Los datos constatan lo que todos sabemos: los precios de los alquileres en todas las ciudades de más de 500.000 habitantes están imposibles, sobre todo en Barcelona, Madrid, Donosti o Palma. O sea, allí donde se combinan con los ya famosos pisos turísticos que inundan, éstos sí, la oferta, muchos de manera irregular. Al mismo tiempo, arrendar constituye la única alternativa para un sector cada vez más amplio de la población; en consecuencia, los pisos compartidos y las infraviviendas ganan terreno; la vida de la mayoría se complica, en especial para jóvenes, inmigrantes y mujeres.
La ley 12/2023 de 24 de mayo “Por el derecho a la vivienda” comienza ahora su verdadera puesta en marcha, gracias a que Catalunya ha solicitado que se consideren 140 de sus municipios “zona tensionada”. Es decir, áreas en las que la carga media en la compra o en el alquiler más los suministros supera el 30% de los ingresos de un hogar medio, o en las que el precio de compra o alquiler de vivienda acredita un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos un 3% por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en los últimos cinco años. Tales medidas se completan con el acuerdo que alcanzó el Gobierno, en su día, con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para limitar en un 3% las renovaciones anuales de los contratos de alquiler de cara a 2024 y con el paquete de desgravaciones fiscales importantes para aquellos particulares con menos de cinco viviendas que alquilen en dichas zonas.
La ley, como han denunciado las PAH o el Sindicato de Inquilinos, se queda muy corta. La herida social profunda y grave que implica que millones de personas tengan, debido a los problemas asociados a la vivienda, muy mermada su capacidad de llevar a cabo proyectos de vida con la calidad propia de una ciudadanía plena exige medidas mucho más contundentes para afrontar el problema habitacional, así como el del propio hostigamiento y rebelión continuos del tándem (PP-Vox).
Hay que apoyarse en las tímidas e insuficientes medidas que la ley contempla y exigir mociones en los ayuntamientos en favor de limitar el alquiler y los pisos turísticos; hay que unir fuerzas para imponer que el Gobierno intervenga más decididamente el “mercado”, enfrentándose a los grandes fondos y constructores que representan el núcleo básico del negocio inmobiliario y del suelo urbano. Hay que decretar congelaciones de alquiler, impedir por ley los desahucios, sacar urgentemente al mercado los pisos vacíos y cambiar los pisos turísticos por alquileres asequibles.
Todo ello creará más tensión sobre la vivienda. Pero no como la de ahora, que nos hace la vida imposible a la mayoría, sino aquella que recupera el techo como derecho.
