El Consejo de Salud de Carabanchel, en el que participan entidades ciudadanas y profesionales socio sanitarios, quiere manifestar su profunda preocupación ante el menoscabo de dos derechos fundamentales de la población recogidos en nuestra Constitución: el derecho al cuidado de la salud y el derecho a una información veraz y transparente. Se está produciendo un deterioro progresivo de la Sanidad Pública a causa de la muy baja inversión en recursos por parte de la Comunidad de Madrid y además, la escasa, confusa y en ocasiones no veraz información que se da a la ciudadanía atenta contra estos derechos.
La deficiente situación previa a la pandemia COVID19 ha empeorado notablemente desde marzo 2020. Muchos profesionales están de baja por enfermedad, se han jubilado, o bien se han trasladado a otras Comunidades Autónomas donde se les ofrecen mejores condiciones de trabajo. Pese a ello, los profesionales restantes se esfuerzan en cubrir las ausencias duplicando turnos y ajustando al máximo los períodos vacacionales, lo que aumenta aún más el agotamiento que les afecta desde el inicio de la pandemia. Se intenta ampliar el número de consultas presenciales, aunque la persistencia de la pandemia obliga a que muchas consultas sean telefónicas.
Nos encontramos en estos momentos con unos Centros de Salud en los que hay dificultades para conseguir cita, y con la perspectiva de que esto empeore en los próximos meses. Puede que algunos Centros se lleguen a cerrar durante el verano. Existen además muy importantes listas de espera para las consultas hospitalarias. A ello se suma la falta de información veraz por parte de la Consejería, cuyo objetivo, en realidad, se dirige hacia una remodelación progresiva del sistema sanitario, en el que el sector privado tenga mucho mayor papel. No olvidemos que el actual Consejero de Hacienda en Madrid, Javier Fernández Lasquetty, fue el promotor de las medidas privatizadoras que provocaron la Marea Blanca en 2013, causa de su dimisión forzada en aquel momento.
Ante este riesgo evidente de deterioro progresivo de los Centros de Salud, y de todo el sistema sanitario, consideramos imprescindible la defensa de nuestra sanidad pública, a través de la participación activa de los ciudadanos. Pongamos reclamaciones en los Centros sanitarios presencialmente, o por vía web, ante cualquier demora en la atención. Se deben dirigir las reclamaciones a la Consejería de Sanidad.
No permitamos el cierre de ningún Centro de Salud. Exijamos que se aumenten las plantillas de profesionales con contratos dignos y estables. Y que haya una inversión adecuada en la Sanidad Pública para dotarla de más recursos humanos, materiales e infraestructuras. Participemos en las movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública.
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