(Resumen del artículo 'La peligrosa deriva autoritaria del Gobierno de Díaz-Ayuso', escrito por Carlos Barra Galán, médico especialista del Sistema Nacional de Salud, y publicado el 8 de febrero de 2023 en el diario digital Nueva Tribuna)
“En el contexto de la huelga de los médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, que tras dos meses y medio sigue sin acuerdo alguno entre los huelguistas y el Gobierno autonómico, se hace necesario efectuar una serie de reflexiones.
Las reivindicaciones de los facultativos suponen en el aspecto retributivo un montante de alrededor de 42 millones de euros (cifra ínfima en el presupuesto sanitario), y en el aspecto asistencial conseguir unas agendas que permitan dedicar diez minutos por paciente (tiempo mínimo necesario). Resulta incomprensible que, viendo la razonabilidad de esas peticiones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no haya puesto fin al conflicto, pues es el responsable de garantizar que la asistencia sanitaria a los madrileños no se deteriore aún más de lo que ya lo está. Conviene recordar que a fecha de hoy hay un millón de madrileños sin médico asignado (de ellos 200.000 niños).
¿A qué puede deberse la obstinada persistencia del dúo Ayuso-Lasquetty en no poner fin a la huelga, sabiendo que se está dañando seriamente la prestación asistencial a los madrileños? En relación a la pregunta que planteo, creo oportuno indicar en primer lugar que la Consejería de Sanidad y primordialmente su titular, Sr. Ruiz Escudero, no tienen ninguna credibilidad ante los facultativos en huelga. La Consejería de Sanidad y su titular han incumplido de forma sistemática los acuerdos alcanzados en fechas anteriores. Asimismo, indicar que las declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso expresando que los profesionales en huelga lo están para devolver favores políticos anteriores son de una irresponsabilidad y zafiedad mayúsculas y absolutamente impropias de quien ostenta una presidencia autonómica. Estas declaraciones son esperpénticas y ridículas. La Sra. Ayuso parece olvidar que en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular desde hace casi tres décadas, y en consecuencia cabría deducir que esos pretendidos favores políticos los profesionales los habrían recibido de personas de su propio partido.
Sra. Díaz Ayuso, los médicos en huelga no son peligrosos izquierdistas, son en muchos casos votantes de partidos conservadores y prioritariamente del Partido Popular, y quiero pensar que estando viviendo en sus propias carnes el maltrato y desprecio que usted y su Gobierno les dedican, ninguno de ellos la votarán en las próximas elecciones autonómicas. Seguir apoyando a su partido y a usted como candidata podría acarrear a los profesionales en huelga que lo hiciesen algún problema en su salud mental.
Repetir una vez más lo escrito en numerosos artículos anteriores sobre el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública madrileña llevado a cabo por los distintos Gobiernos de la Comunidad de Madrid durante las dos últimas décadas no es necesario; en consecuencia que el Gobierno Ayuso no tenga ninguna preocupación por el mayor deterioro que la asistencia sanitaria está sufriendo por esta prolongada huelga es fácil de entender, ya que forma parte de su política de desmantelamiento de la sanidad pública.
La preocupación prioritaria del dúo Ayuso-Lasquetty sigue siendo favorecer al sector privado, bien a través de procesos aberrantes, despilfarradores, ineficientes y de altos sobrecostes, como ejemplo paradigmático de éstos el hospital-almacén Zendal, y al unísono seguir aumentando el flujo de actividad hacia los centros privados que hoy han configurado gracias a las privatizaciones unos gigantes empresariales con beneficios enormes.
El Partido Popular nunca ha sido defensor del Sistema Nacional de Salud. Su predecesor en el tiempo, Alianza Popular, votó en contra de la Ley General de Sanidad en el pleno del Congreso de los Diputados donde se aprobó en 1986. Sus políticas, particularmente de manera más abierta en la Comunidad de Madrid, han mostrado una aversión a lo público que ha materializado en un debilitamiento progresivo e incesante de los centros públicos y una irrupción en tromba del sector privado en la sanidad pública. Por ello, prolongar la huelga y erosionar más la situación dramática de la Atención Primaria desmotivando aún más a sus profesionales no parece que sea algo ajeno a las directrices de su política sanitaria.
Expresada mi opinión desde el punto de vista sanitario, creo que la obstinación del Gobierno Ayuso para no negociar y prolongar la huelga hasta el total desgaste (fundamentalmente económico) de los profesionales tiene que ver con su forma de ejercer el poder político. En este punto, el Gobierno Ayuso está superando a los de su mentora Esperanza Aguirre. Esa forma de ejercer el poder político lleva al Gobierno Ayuso no a intentar llegar a un acuerdo, sino a mantener una postura rígida que dificulta extremadamente la negociación, y que realmente busca la rendición sin condiciones del adversario.
El lamentable papel del Gobierno Ayuso en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia; la puesta en marcha de los protocolos de la vergüenza que dejaron sin asistencia médica a miles de residentes en ellas, muchos de los cuales murieron; la falta de empatía con los familiares que legítimamente exigen justicia, es otra muestra más de ejercicio del poder político que se aleja mucho de los mínimos estándares democráticos.
La totalidad de madrileños tenemos el deber cívico de llenar las calles de Madrid para, de manera clara y contundente, defender lo común, lo público, en este caso nuestro sistema sanitario”.
P.D.: Tras el rotundo éxito de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el pasado 12 de febrero en defensa de la sanidad pública madrileña y contra la destrucción de la Atención Primaria (250.000 asistentes según la Delegación de Gobierno, un millón de asistentes según las organizaciones convocantes), bajo el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública y soluciones al Plan de Atención Primaria”, la situación no ha mejorado, sino más bien todo lo contrario: el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue menospreciando a los médicos en huelga y se niega a sentarse a negociar, refiere que las protestas son sindicales (recordemos que los sindicatos son los representantes de los trabajadores ante las Administraciones y las empresas) y poco representativas, y amenaza con acciones legales contra la colocación de carteles informativos y contra la recogida de firmas en los centros de salud. También hemos sabido, con fecha 22 de febrero, que el nuevo contrato anual de mantenimiento del Hospital Zendal asciende a dos millones de euros, el doble que el año 2022, y que actualmente tiene ingresados a 86 pacientes, 83 en la unidad de rehabilitación funcional y 3 procedentes de las urgencias de otros hospitales.
En definitiva, la Comunidad de Madrid desprecia la movilización ciudadana de madrileñas y madrileños, restringe la libertad de expresión prohibiendo la colocación de carteles y la recogida de firmas en los centros sanitarios, intenta impedir el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores mediante su estigmatización, e intenta enfrentar a los trabajadores de la sanidad con los movimientos vecinales y ciudadanos.
Y todo ello ocurre mientras el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) destaca que la sanidad pública española es una de las mejor valoradas del mundo, su modelo es un ejemplo de cobertura universal y España encabeza la lista de países de Europa con mayor esperanza de vida y vida saludable. Unos méritos que deben ser defendidos, y que justifican sobradamente la movilización ciudadana y de los trabajadores para mantenerlos y no perderlos.
