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Hace unos meses, tras el confinamiento, numerosos personas expertas y profesionales de la salud han avisado del peligro de nuevas olas de COVID-19. Nos han estado repitiendo que la estrategia para afrontar la inevitable siguiente crisis médica pasaba, necesariamente, por un férreo control por parte del sistema sanitario de los casos detectados. Eso exigía una Atención Primaria potente, dotada de profesionales suficientes para una atención rápida y de “rastreadores” necesarios para detectar, aislar rápidamente los rebrotes y evitar su propagación. Y ante este diagnóstico generalizado de las necesidades sanitarias —de hace seis meses—, el Gobierno regional ha tomado el camino exactamente contrario. Antes de acabar la desescalada ya estaba despidiendo a los escasos profesionales contratados en lo peor de la pandemia como refuerzo. Luego, como si no hubiera pasado nada, como cualquier otro verano, cerró camas hospitalarias y no contrató ningún tipo de refuerzo para suplir las necesarias vacaciones y las numerosas bajas entre el personal sanitario.
En ese contexto, desde la Asamblea Popular de Carabanchel organizamos a primeros de julio una asamblea con profesionales de la sanidad del Distrito para valorar la labor que habían desempeñado durante la crisis sanitaria y poner en conjunto con vecinos y vecinas la situación de la salud pública en Carabanchel. Dicha asamblea fue un éxito: tuvo una gran afluencia de gente, fue muy interesante y sirvió para comunicarnos con los profesionales que trabajan en los centros de salud del barrio. Se mostraron escandalizados ante la degradación de la atención que se daba cada día en los centros. Y señalaron una situación que se estaba generalizando: largas aglomeraciones de pacientes —en muchos casos personas mayores o dependientes, esperando al sol— haciendo fila de pie para entrar en los centros de salud. Denunciaron que estas “colas de la sanidad” eran la evidencia de la falta de medios en Atención Primaria y de la indiferencia de la Consejería de Sanidad hacia las necesidades de la población.
Fuimos varias mañanas ante diferentes centros de salud del barrio a tomar imágenes de las colas de gente esperando en la calle. Éstas se viralizaron e hicieron que los medios de comunicación se fijaran en el tema. Fruto de ese seguimiento, detectamos que en uno de los centros de salud del Distrito, concretamente en el de Abrantes, había colas muy numerosas por las mañanas porque por las tardes no había consulta médica al no haber facultativos en el centro. Lanzamos una campaña exigiendo que la Comunidad garantizara facultativos para que pasaran consultas, que supliera las bajas y al personal de vacaciones. Pero a primeros de septiembre esta situación tan intolerable, lejos de subsanarse, se ha agravado. Una mañana un cartel escrito a mano anunciaba que el Centro de Salud Abrantes, pese a que formalmente sigue abierto, ya no tiene médicos. ¿Para qué sirve un centro de salud si no tiene médicos, si éstos no pasan consulta? Nos daba miedo de se tratara de los primeros pasos para el desmantelamiento de este centro, que pasara a ser otro más de los 40 de la región que la Consejería ha cerrado estos meses.
Decidimos entonces convocar una concentración exigiendo médicos y una dotación de personal suficiente para cubrir las necesidades asistenciales del área. Hemos llamado a participar al conjunto del tejido social del Distrito y al vecindario el 10 de septiembre, a las 18:00, ante el Centro de Salud Abrantes (siempre cuidando las medidas sanitarias y de prevención necesarias).
El Gobierno de la CAM quiere aprovechar el estado de shock, el letargo y parálisis social que viene detrás de cada gran sacudida social, todo ese tiempo que necesitamos para reaccionar en medio de una pandemia, para avanzar todo lo que pueda en el desmantelamiento de la sanidad e imponer así, por la vía de los hechos, su agenda neoliberal y privatizadora.
Es fundamental despertar, sacudirnos el letargo y movilizarnos para defender la sanidad pública ahora. Necesitamos que todos los recursos sean dedicados de forma inmediata a satisfacer las necesidades sociales, a luchar contra la pandemia y a afrontar las necesidades de salud. Las vidas de las personas, de nuestros familiares y seres queridos, son más importantes que los beneficios de unos pocos. La salud es un derecho, no un negocio con el que lucrarse y especular. Es nuestro derecho. Es un derecho de todos y todas y lucharemos por ello. Hay que defender una sanidad pública, universal y de calidad.
Hace unos meses, tras el confinamiento, numerosos personas expertas y profesionales de la salud han avisado del peligro de nuevas olas de COVID-19. Nos han estado repitiendo que la estrategia para afrontar la inevitable siguiente crisis médica pasaba, necesariamente, por un férreo control por parte del sistema sanitario de los casos detectados. Eso exigía una Atención Primaria potente, dotada de profesionales suficientes para una atención rápida y de “rastreadores” necesarios para detectar, aislar rápidamente los rebrotes y evitar su propagación. Y ante este diagnóstico generalizado de las necesidades sanitarias —de hace seis meses—, el Gobierno regional ha tomado el camino exactamente contrario. Antes de acabar la desescalada ya estaba despidiendo a los escasos profesionales contratados en lo peor de la pandemia como refuerzo. Luego, como si no hubiera pasado nada, como cualquier otro verano, cerró camas hospitalarias y no contrató ningún tipo de refuerzo para suplir las necesarias vacaciones y las numerosas bajas entre el personal sanitario.
En ese contexto, desde la Asamblea Popular de Carabanchel organizamos a primeros de julio una asamblea con profesionales de la sanidad del Distrito para valorar la labor que habían desempeñado durante la crisis sanitaria y poner en conjunto con vecinos y vecinas la situación de la salud pública en Carabanchel. Dicha asamblea fue un éxito: tuvo una gran afluencia de gente, fue muy interesante y sirvió para comunicarnos con los profesionales que trabajan en los centros de salud del barrio. Se mostraron escandalizados ante la degradación de la atención que se daba cada día en los centros. Y señalaron una situación que se estaba generalizando: largas aglomeraciones de pacientes —en muchos casos personas mayores o dependientes, esperando al sol— haciendo fila de pie para entrar en los centros de salud. Denunciaron que estas “colas de la sanidad” eran la evidencia de la falta de medios en Atención Primaria y de la indiferencia de la Consejería de Sanidad hacia las necesidades de la población.
Fuimos varias mañanas ante diferentes centros de salud del barrio a tomar imágenes de las colas de gente esperando en la calle. Éstas se viralizaron e hicieron que los medios de comunicación se fijaran en el tema. Fruto de ese seguimiento, detectamos que en uno de los centros de salud del Distrito, concretamente en el de Abrantes, había colas muy numerosas por las mañanas porque por las tardes no había consulta médica al no haber facultativos en el centro. Lanzamos una campaña exigiendo que la Comunidad garantizara facultativos para que pasaran consultas, que supliera las bajas y al personal de vacaciones. Pero a primeros de septiembre esta situación tan intolerable, lejos de subsanarse, se ha agravado. Una mañana un cartel escrito a mano anunciaba que el Centro de Salud Abrantes, pese a que formalmente sigue abierto, ya no tiene médicos. ¿Para qué sirve un centro de salud si no tiene médicos, si éstos no pasan consulta? Nos daba miedo de se tratara de los primeros pasos para el desmantelamiento de este centro, que pasara a ser otro más de los 40 de la región que la Consejería ha cerrado estos meses.
Decidimos entonces convocar una concentración exigiendo médicos y una dotación de personal suficiente para cubrir las necesidades asistenciales del área. Hemos llamado a participar al conjunto del tejido social del Distrito y al vecindario el 10 de septiembre, a las 18:00, ante el Centro de Salud Abrantes (siempre cuidando las medidas sanitarias y de prevención necesarias).
El Gobierno de la CAM quiere aprovechar el estado de shock, el letargo y parálisis social que viene detrás de cada gran sacudida social, todo ese tiempo que necesitamos para reaccionar en medio de una pandemia, para avanzar todo lo que pueda en el desmantelamiento de la sanidad e imponer así, por la vía de los hechos, su agenda neoliberal y privatizadora.
Es fundamental despertar, sacudirnos el letargo y movilizarnos para defender la sanidad pública ahora. Necesitamos que todos los recursos sean dedicados de forma inmediata a satisfacer las necesidades sociales, a luchar contra la pandemia y a afrontar las necesidades de salud. Las vidas de las personas, de nuestros familiares y seres queridos, son más importantes que los beneficios de unos pocos. La salud es un derecho, no un negocio con el que lucrarse y especular. Es nuestro derecho. Es un derecho de todos y todas y lucharemos por ello. Hay que defender una sanidad pública, universal y de calidad.
