Lo público en Madrid está gestionado por una suerte de sociedad mercantil denominada “Ayuntamiento”.
No es difícil de entender. Simplemente ha cambiado de cliente, pasando de mirar por el interés de la ciudadanía a favorecer y premiar el lucro empresarial. Sobre todo, el especializado en capitalizar y sacar provecho privado de la explotación de lo público.
Los responsables municipales, ahora convertidos en CEO a golpe de business schools, son sabedores de dos cuestiones: que cuentan con el apoyo político y electoral de la población y que los negocios hay que hacerlos gradualmente, para que el impacto negativo en la opinión pública se diluya entre los gin-tonic y las terracitas.
Sin embargo, tanto éxito les va llevando progresivamente a superarse con el préstamo abusivo de los espacios públicos al aire libre y la cesión sin condiciones de equipamientos a eventos y entidades privadas con patente de corso, llegando incluso a desplazar de ellos a entidades de interés público.
Sin salirnos de Carabanchel, es de esperar que el intento frustrado de Aguirre para privatizar el uso del Palacio Nuevo de la finca de Vista Alegre se repita. También la planificación urbana se ejecuta a pelotazo limpio, con modificaciones exprés y a la carta, promovidas por aquellos que buscan maximizar los beneficios, a sabiendas de que cualquier proyecto que “engrandezca” la ciudad (y sus bolsillos) merece entrar por la puerta grande del Palacio de Correos.
Como defensa, la indefensa ciudadanía se ha agrupado en torno a entidades de interés social que intentan, y a veces consiguen, frenar operaciones claramente perjudiciales para la ciudad y sus habitantes. Y la reacción municipal es de locos: nunca un Ayuntamiento había destinado tanto dinero y recursos municipales para la defensa jurídica de los intereses privados en contra de las denuncias de la población afectada. Precisamente la sociedad que juró proteger.
Solo cabe razonar que están ciegamente convencidos de que deber para con la ciudadanía es defenderla de ella misma y que su modelo de “crecimiento urbano” bien merece el sacrificio de parte de la población madrileña y su patrimonio.
Afortunadamente, la vecindad reacciona cada vez con mayor virulencia y busca apoyo en entidades sin ánimo de lucro y con el máximo interés por la defensa de lo público y un modelo de ciudad de y para todas y todos.
Una de ellas, la Plataforma Por el Derecho a la Ciudad, cumple diez años defendiendo Madrid y actualmente engloba a 44 colectivos. Número que no deja de crecer, a medida que la desaforada ambición afecta a más barrios madrileños cada vez.
Esta plataforma ha resultado ser un referente para otras entidades nacionales, y merece la pena conocerla y apoyarla.
El pasado mes, el consejero delegado de Madrid S.A., el Sr. Almeida, dejó muy clara la postura de la empresa: nunca actuarán en contra de las “realidades económicas” del mercado. A esta prepotente aseveración, la plataforma responde, con total humildad, que la ciudad es un derecho, no un negocio.
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