El análisis de FACUA - Consumidores en Acción revela que el recibo mensual para las Tarifas de Último Recurso (TUR) de gas ha experimentado una bajada de hasta el 24% para el mes de abril.
Es el caso de la TUR 2, destinada a aquellos que sobrepasan los 5.000 kWh al año y que suelen ser hogares con agua caliente, cocina y calefacción con gas natural, que para un consumo tipo de 800 kWh al mes baja de los 66,04 euros hasta los 50,47 euros, una bajada del 23,6%.
La tarifa TUR 1, destinada a consumidores que no superan los 5.000 kWh al año, experimenta una disminución similar, del 22,9% para un usuario tipo con un consumo de 400 kWh mensuales. De pagar 34,04 en enero, ahora pasará a pagar 26,26 euros.
Esta bajada en los recibos del gas se debe a la disminución en el precio del término variable de las tarifas. Así, en el caso de la TUR 1 ha pasado de 5,750762 céntimos el kWh a 4,375929 —siempre antes de impuestos—, un 23,9% menos. De igual forma, el precio del kWh en la TUR 2 se ha visto reducido desde los 5,646757 a los 4,271925 céntimos, un 24,3% de bajada.
La parte fija de las tarifas, sin embargo, se mantiene congelada desde octubre de 2024: 3,26 euros para la TUR 1 y 5,66 euros para la TUR 2 —antes de impuestos—.
Se trata de la primera bajada que experimentan las Tarifas de Último Recurso desde que finalizó en abril del año pasado la medida que desde octubre de 2023 había consolidado un IVA reducido, primero al 5% y posteriormente al 10%. En julio las tarifas se mantuvieron congeladas, pero con cada revisión posterior se han ido incrementando hasta alcanzar su precio máximo en enero de este año.
Así, la asociación insiste en reclamar al Gobierno que consolide un IVA reducido o superreducido para el gas natural para los usuarios domésticos. Aunque FACUA valoró de forma positiva la bajada del IVA del gas natural de 2023, señala que la medida no debe tener carácter coyuntural.
Por otro lado, FACUA también señala que deben acometerse igualmente otras medidas que acompañen a esta rebaja del IVA, como un mayor control del fraude que se comete en el sector —ofertas engañosas, incumplimientos de periodos de contratación…— y reformar el sistema de concesión del bono social energético para que pueda llegar a muchas más familias que lo necesitan.
