Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad
El gobierno ha anunciado que el Consejo Interterritorial ha acordado tratar a todos los pacientes de Hepatitis C, independientemente de su grado de afectación, ampliando el Plan Nacional hasta el 2020.
La noticia podría ser positiva si no fuera porque en ningún momento se habla de tratar a los pacientes con el genérico. Las movilizaciones de los afectados durante estos 3 años fueron la oportunidad perdida, la única en décadas, para hacer ver a la sociedad la incongruencia de pagar hasta 40.000 por un tratamiento cuyos costes no superan los 110 , y forzar a los políticos a defender los intereses generales y no los de los accionistas de Farmafia. Sin embargo el caso de la hepatitis C no es único, se ha calculado que en pacientes oncológicos, el precio de tratamiento de un año de vida (no siempre con buena calidad) puede suponer entre 100.000 y 150.000 , según el país(1), lo que nos sitúa en un escenario crítico para garantizar asistencia sanitaria para toda la población en un futuro cercano.
Comprendemos la alegría de los enfermos, pero no compartimos la de los accionistas de Gilead que hoy estarán exultantes: todos los pacientes del estado español serán tratados a los precios que la multinacional ha impuesto.
Conscientes de que pagar esos exorbitantes precios cuestiona el propio futuro del Sistema Nacional de Salud, la PLAFHC ha pedido al Gobierno “que obligue a las farmacéuticas a poner un precio justo”(2),… lo que es ilusorio visto lo ocurrido durante estos tres años de fabuloso negocio para Gilead. La postura del gobierno español, no tiene nada que ver por ejemplo con el ultimátum dado por la Agencia Italiana de Medicinas (AIFA): “No pagaremosmás de 4.000 por tratamiento. Si Uds. no aceptan nuestra ofertapensamos producir el medicamento nosotros mismos”(3).
Lo que se oculta es que en el estado español podríamos hacer lo mismo. La vigente Ley de Patentes(4) permite, por “motivos de interés público”, y “debido a su primordial importancia para la salud pública”, emitir la concesión de licencias obligatorias, lo que habría permitido fabricar el genérico a precios de coste, gastándonos solo unos 12 millones de euros , en lugar de los exorbitantes 1.500 millones(5) que ha costado tratar hasta la fecha a unos 76.000 pacientes. Cantidad similar a la que gastan en sanidad anualmente comunidades autónomas como Murcia o Aragón, con casi 1.400.000 habitantes.
Lo curioso del asunto, es que ningún partido político, sociedad médica, o asociación de pacientes ha situado como reivindicación central la aplicación de dicho artículo. La experiencia nos demuestra que de nada sirve que existan algunas leyes “progresistas” si en la práctica no se aplican, y que la defensa de los intereses generales solo se puede realizar desde la calle, por mucho que algunos “partidos emergentes” nos traten de convencer de lo contrario.
Para que nos demos cuenta del volumen de negocio (que explica el silencio de todos los “actores sociales”), las ventas de Harvoni y Sovaldi generaron en 2015 ventas de 19.000 millones de dólares (el 59 % de los ingresos totales de Gilead)(6). Ese mismo año, primero completo en el que Gilead vendió su producto estrella, ingresó solo en España cerca de 1.000 millones de , pero solo abonó como impuesto de sociedades unos 10 millones gracias a su sistema de ingeniería fiscal, radicado como no, en Irlanda. Desde este país, las ganancias se transfieren a las Islas Caimán, siendo la cuarta compañía con más dividendos por repatriar del extranjero sólo por detrás de Apple, Microsoft y Pfizer. De acuerdo con estimaciones, a cierre de 2015 tenía 28.500 millones de dólares de ganancias en estos territorios(7).
Lo ocurrido es resultado del individualismo imperante en nuestra sociedad, de la incapacidad de los diferentes grupos para organizar la lucha alrededor de la reivindicación de la fabricación del genérico y, sobre todo, de la subordinación de los sistemas sanitarios a los intereses de Farmafia. Por ejemplo, el 85% del presupuesto de la Agencia Europea del Medicamento proviene de las farmacéuticas, que de esa forma garantizan que dicha agencia defienda sus intereses y no los de los pacientes. Mecanismo que se repite en el caso de las asociaciones “científicas médicas”(8) y de pacientes, muchas de las cuales reciben dinero de las farmacéuticas(9), o aceptan donaciones de la propia Administración, lo que las incapacita para defender los intereses de la mayoría de la población.
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