La crisis provocada por el coronavirus y el consecuente estado de alarma han sumido a gran parte de la población en una complicada situación de vulnerabilidad. En los distritos con las rentas más bajas, como es el caso de Carabanchel, el panorama se agrava. El trabajo de las ONG, así como el de asociaciones vecinales, está siendo imprescindible para las familias que han visto cómo la ayuda de los Servicios Sociales municipales no llega.
Al pasar por la Travesía Juan Francisco alrededor de la una de la tarde, puede verse como las personas van llegando y hacen cola para recibir comida. Esperan frente a la puerta del comedor social de la ONG Remar, que lleva en Carabanchel desde el año 2018 y ha triplicado su actividad a causa del confinamiento. Vania, voluntaria a tiempo completo de la organización y coordinadora del comedor, explica a este periódico que han pasado de servir 200 a casi 700 menús diarios.
Remar comenzaba a operar en los años 80 con el objetivo de rehabilitar a personas con adicciones. Pero el cambio en la realidad social les ha obligado a adaptar su actividad. Hoy día cuentan con casas de acogida, programas educativos, tiendas de segundo mano y comedores sociales, que son los que funcionan ahora a pleno rendimiento. Cuenta Vania que parte de la gente a la que atienden llegan derivadas desde Servicios Sociales y otras entidades como el Samur Social: “Los que son derivados traen el informe de la trabajadora social en el que explican su situación, sus problemas; si tienen familia o no, si tienen bebés. Luego están los que no son derivados, que vienen por sus propios medios y que no pueden ser atendidos por Servicios Sociales al no estar empadronados”, explica.
Comer, pagar el alquiler y que la juventud pueda seguir formándose
Gracias a la movilización de diversas ONG y asociaciones vecinales, muchas familias que no cuentan con ayudas de los Servicios Sociales han tenido algo para comer en las últimas semanas. Llega un momento, sin embargo, en el que la necesidad no es solo alimentaria: hay que pagar el alquiler y las facturas.
Desde la ONG YMCA, que tiene una de sus sedes en la Colonia de la Prensa, detectaron enseguida que las familias a las que atienden iban a necesitar ayuda para cubrir gastos de alquiler y pago de suministros. En una encuesta realizada en abril por la propia organización entre las familias a las que acompañan, detectaron que 75% de ellas ya no podían cubrir sus necesidades más básicas. En concreto, según los datos que arroja la encuesta, 166 familias necesitaban ayuda para la compra de productos básicos de alimentación y 158 no podían pagar el alquiler de su vivienda o los suministros.
Marta Lorenzo, directora de los centros de YMCA en la Comunidad de Madrid, cuenta que lo primero que hicieron al empezar el confinamiento fue contactar con todas las familias con las que trabajan para valorar su situación y poder actuar. En la línea de su misión fundamental, enfocada en el desarrollo de infancia y juventud, vieron cómo el cierre de los centros escolares estaba suponiendo un atraso significante para los de menos recursos. Según datos de la ya citada encuesta, el 45% de las familias no contaba con ningún dispositivo electrónico. “Lo que hicimos fue reconvertir toda la actividad de la organización en apoyar a estas familias y, a través de una donación privada grande que tuvimos al principio y de una campaña de recogida de fondos que hemos puesto en marcha (Emergencia para nuestras familias), lo que se está haciendo es proporcionar ayudas de alimentación a través tarjetas de regalo de un supermercado y haciendo entrega de dispositivos electrónicos y datos móviles para que los menores no se queden tan descolgados del sistema educativo como se están quedando”, explica Marta.
En YMCA, como en Remar, muchas de las personas que solicitan ayuda llegan derivadas desde los Servicios Sociales. Marta lamenta que, en una situación de emergencia como la presente, no se esté actuando más rápido desde la Institución Municipal: “Sé que están desbordados y que es difícil a nivel burocrático por un tema de transparencia, pero ahora mismo no están siendo ágiles. La rapidez que tenemos las entidades sociales, las asociaciones vecinales y la gente de la calle, no la tienen los Servicios Sociales", apostilla.
La población migrante, la más vulnerable
No tienen papeles, vivían de la economía sumergida y no cuentan con la posibilidad de solicitar ayudas a las administraciones dada su situación irregular. La población migrante se ve especialmente afectada por la crisis económica y social que ha traído consigo el coronavirus.
En YMCA, según Marta Lorenzo, el 80% de las familias que están en intervención dentro de la organización son población migrante. Vania, por su parte, explica que la mayoría de las personas a las que ven pasar por el comedor social de Remar están en una situación irregular. “La mayoría no están empadronados y no pueden acceder a ninguna ayuda. Un 70% de las personas que vienen aquí trabajaba en negro. Ahora se han quedado sin trabajo, no tienen cómo pagar el alquiler”, concluye.
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