El Ayuntamiento ha lanzado un nuevo modelo de gestión del suelo para promover el “alquiler social asequible”. La Estrategia de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 2023-2027 establece una convocatoria de concurso público “inédita”. El Consistorio volverá a enajenar parcelas de su propiedad para destinarlas a la construcción de viviendas libres. Esta vez serán 12. Y se establecerá que, durante 15 años, los promotores deberán ofrecer rentas de alquiler asequibles a los futuros inquilinos.
Esta iniciativa tiene como objetivo regular a la baja el precio de los arrendamientos en los entornos donde se localizan las parcelas y en el conjunto de la ciudad. Se van a construir 640 viviendas en ocho ámbitos de los distritos de Madrid, y en Carabanchel en la calle Mercedes Arteaga. En definitiva, se pretende favorecer el reequilibrio territorial, orientando la oferta de alquiler social asequible hacia los distritos situados al sur de la almendra central.
Para que nos entendamos: el Ayuntamiento menos intervencionista de España ha decidido inmiscuirse en los precios de la vivienda para favorecer a la población con menos recursos y opciones. Para ello, venderá a promotoras suelo público, con la condición de que los precios de alquiler estarán regulados durante, agárrense, tres lustros.
Un gran compromiso, ¿verdad? Permítanme ilustrarles con un ejemplo: la parcela de C/ Mercedes Arteaga está situada a 500 m de la glorieta de Marqués de Vadillo, en pleno centro del “tsunami gentrificador”, donde el alquiler medio para un piso de 50 m2 es de 950. Usando una futura vivienda similar en las nuevas de Mercedes Arteaga y aplicando una reducción sobre precio de mercado del 37%, se ingresarán unos 60.000 en los 15 años, amortizando así el coste de la obra. Lo real vendrá después. En la restante vida útil del edificio, no menos de 35 años, ya no habrá restricciones y podrá cobrar lo que le plazca. Y les garantizo que en tres lustros ese piso, en renta libre de alquiler, valdrá 1.200 al mes. Saquen números del beneficio. Llegado el fin de contrato, este Ayuntamiento solicitaría que no realizase la subida súbita de alquiler, que dé tiempo, y la promotora dará un tiempo, sí, para que las inquilinas con alquiler social desalojen y dejen paso al mercado libre.
Si de verdad queremos ayudar, ¿por qué no hacemos alojamientos dotacionales? Es un tipo a promocionar en suelo público y cuya condición intrínseca es que nunca podrá pasar a manos privadas. Se las llama “dotacionales” porque no dejarían de ser un equipamiento público más, pero además con la opción de focalizarse a colectivos concretos. En la ley valenciana (del anterior Gobierno) los destinaban a menores de 35 años, mayores de 65 y otros colectivos vulnerables. En Euskadi ya son una realidad desde hace 15 años, e introducen también parámetros de temporalidad.
En conclusión, el Ayuntamiento vuelve a vendernos como bien social algo que no es más que beneficio empresarial para el promotor privado. Sabiendo de qué pie cojea, se agradecería que dejase de disfrazarse con piel de oveja. Porque ya sabemos todas que en Madrid no es social nada de lo que reluce.
Foto: Edificio de 51 alojamientos sociales para jóvenes en Errenteria. AVC Euskadi.
Si quieres que comentemos sobre algún hecho urbanístico que te afecta, escribe a pupu2129@yahoo.es, a la atención de nuestra columna.
