Desde A Voces de Carabanchel nos hacemos eco de la Carta Abierta firmada por buena parte de la comunidad educativa. Estos profesores explican que QUIEREN VOLVER y quieren una VUELTA SEGURA. Para ello, exigen que se cumplan unos minimos compromisos, sin ello, el cumplimiento del obligado protocolo sanitario resulta simplemente imposible de cumplir. 

“La escuela es nuestro paraguas: solo funciona si permanece abierta.”

CARTA ABIERTA: Por una #vueltasegura, porque #QueremosVolver

Durante los meses más duros de la crisis del Covid19 la Educación no ha estado en el centro de las políticas públicas y, seis meses después, sigue sin estarlo; es absolutamente necesario resituarla. La educación pública es un servicio esencial y un derecho fundamental, no un accesorio de nuestro estado de bienestar. Y no es sólo un espacio de aprendizaje, sino también un lugar de socialización, de protección e igualador, así como un mecanismo vertebrador garante de derechos fundamentales, y como tal ha de actuarse en consecuencia para protegerlo, cuidarlo, y mantenerlo a toda costa.

Durante los últimos meses del pasado curso, los equipos directivos y docentes, las familias y el alumnado han hecho grandes esfuerzos, en un contexto muy difícil, para mantener la actividad educativa hasta donde se ha podido. La situación sobrevenida ha llevado a toda la comunidad educativa a paliar las dificultades con inventiva, tesón y muchos recursos propios. No obstante, la escuela a distancia no puede compensar la ausencia de la escuela presencial, especialmente para el alumnado más vulnerable y sus familias.

La comunidad educativa está maltrecha. Refresquemos la memoria: está conformada por el alumnado, el profesorado, el personal no docente, las familias y también la administración.  Durante estos meses, el profesorado y personal de los centros públicos ha sentido abandono e incomprensión, las familias se han sentido sobrecargadas y gran parte del alumnado se ha encontrado perdido.

Septiembre se nos ha echado encima, y el desamparo y la desatención no solo no ha disminuido sino que ha ido en aumento. Es, por lo tanto, el momento de que las administraciones competentes trabajen conjuntamente, con la colaboración de toda la comunidad educativa, para dibujar un horizonte viable para el curso entrante que garantice el derecho a la educación de todo el alumnado, no suponga una sobrecarga inviable para las familias y contemple la seguridad y bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos para poder asegurar una enseñanza de calidad.

Es hora de establecer puentes de comprensión mutua, hacer un análisis realista de necesidades y realizar la inversión y los planes audaces necesarios para una buena vuelta a la educación presencial, segura para todas sus partes y que no deje a nadie atrás (sí, presencial, insistimos). Para ello, se hace imprescindible una intervención decidida de los poderes públicos, sin la cual todos los esfuerzos serán en vano: las administraciones tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento del sistema educativo y las escuelas, priorizando la escuela pública.

Los colectivos y personas abajo firmantes planteamos las siguientes demandas básicas para el establecimiento de un plan viable y realista, de forma que todo el alumnado de niveles no universitarios vuelva a la escuela en condiciones seguras y favorables para el aprendizaje. Sin estos compromisos, el cumplimiento del obligado protocolo sanitario resulta simplemente imposible de cumplir:

1- Bajada significativa de las ratios en todas las etapas no universitarias. Para ello, es imprescindible la contratación del personal docente necesario para poder atender al alumnado y cumplir todas sus funciones sin disminuir la calidad de la enseñanza.

2- Contratación del personal no docente necesario para mantener unas condiciones óptimas de salubridad y protección en la situación sanitaria actual. La contratación  de más personal de limpieza, personal de comedor, personal de conserjería, etc. es absolutamente necesario para reducir los riesgos al mínimo.

3- Habilitación de espacios públicos para uso educativo, rehabilitación y saneamiento de los ya existentes dentro de las propias escuelas que por falta de inversión están inutilizados y agilización de las gestiones y permisos para la expansión de estos espacios educativos fuera del propio entorno escolar, tanto para poder hacer viable la bajada de ratios como para minimizar el riesgo de contagio. Entre estos espacios habrá que contemplar especialmente los que estén al aire libre, incluidos parques y jardines.

4- Apertura de líneas de comunicación directas entre los centros educativos y los espacios de salud comunitaria. Los equipos directivos de los centros no son personal sanitario cualificado y no se les puede cargar con la responsabilidad de decidir las medidas adecuadas ni de atender a las personas como si fueran personal sanitario. Hay que reforzar e integrar la figura del personal de enfermería en las escuelas con la financiación necesaria para ello. Hace falta el establecimiento de protocolos claros, eficaces y realistas de seguridad sanitaria, basados en la evidencia científica acumulada sobre los riesgos de transmisión, en especial en la infancia y adolescencia.

5- Establecimiento de medidas legales concretas en el ámbito laboral y empresarial, para que, ante un posible rebrote en un espacio escolar o ante la necesidad de aislamiento del alumnado, sus tutores/as legales puedan ejercer el cuidado del menor sin perjuicio de su situación laboral. No se puede abandonar a las familias con menores a cargo durante meses como se ha hecho hasta ahora. La conciliación implica compromiso real de administraciones y también de las empresas; no puede recaer exclusivamente en la escuela. Es una responsabilidad colectiva.

6- Garantía de presencialidad de todo el alumnado, y especialmente del más vulnerable. La escuela es socialización, convivencia y un espacio de aprendizajes compartidos. La educación no es una mera transmisión de contenidos unidireccional que pueda ni deba suplirse con una vídeoconferencia, y a día de hoy no estamos preparados para pasar el sistema educativo a un modelo a distancia sin que eso ahonde la brecha social y suponga una significativa pérdida de oportunidades para la mayor parte del alumnado. El profesorado y las familias han hecho un esfuerzo ímprobo durante el confinamiento, pero necesitamos una escuela presente.

En caso de nuevos confinamientos parciales o totales:

7- Establecimiento de planes realistas, viables y detallados de contingencia donde la educación sea tratada como un servicio esencial y puesta en el centro de las necesidades de la sociedad. Es necesario dotar al sistema de los recursos para minimizar el impacto de nuevos confinamientos y para garantizar una atención de máxima calidad a todo el alumnado sustentada sobre herramientas y planes de actuación accesibles, seguros y de calidad, acordes a las diferentes etapas educativas.

8- En escenarios donde la presencialidad no sea posible para todo el alumnado, se ha de garantizar la atención especializada al alumnado más vulnerable y propiciar que la escuela presencial vuelva lo antes posible, sobre todo para el alumnado que más lo necesita.

9- Dotación de recursos e instrucciones claras y precisas al profesorado para que pueda atender al alumnado de la mejor manera posible en situación de confinamiento y no se dé una sobrecarga inasumible de trabajo ni para el profesorado, ni para el alumnado ni para sus familias.

Para una «vuelta al cole» en condiciones óptimas, porque #queremosvolver, para esa #vueltasegura que toda la comunidad educativa estamos reclamando, se necesita inversión, pero, sobre todo, se necesita voluntad. Entre los colectivos y personas abajo firmantes nos encontramos docentes, equipos directivos y familias de alumnado muy diverso. La comunidad educativa está dispuesta a pelear por el derecho a la educación, a salvar la escuela pública, y a luchar por ella, que en esta situación se ve más en riesgo que nunca. Es la hora de que las administraciones y organismos competentes recojan el guante.

Este es un llamamiento tanto al Ministerio de Educación y Formación Profesional como a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y prevé también la necesaria colaboración de las administraciones locales.