Por el cobro del equipaje de mano y otras irregularidades, unas prácticas que han sido calificadas como infracciones ‘muy graves’ por la Dirección General de Consumo
Las denuncias de FACUA - Consumidores en Acción contra las compañías aéreas por el cobro del equipaje de mano han derivado en una multa de 179 millones del Ministerio de Consumo. El ministro Pablo Bustinduy ha firmado sanciones a cinco aerolíneas por el recargo ilegal y otras irregularidades. Ryanair se lleva la mayor multa, 107.775.777 euros, el 60% del total. A continuación, Vueling, con 39.264.412 euros. En tercer lugar, EasyJet, 29.094.441 euros. Otras dos compañías también han sido multadas, aunque con cuantías mucho más pequeñas debido a su reducido volumen de negocio: Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea, con 1.189.000 euros.
FACUA comenzó a denunciar estas prácticas en 2018 y en la anterior legislatura logró, por el impulso de la Dirección General de Consumo de Baleares, que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón incoara el expediente sancionador tras haberse dotado de competencias para imponer multas mediante una reforma del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Reforma que fue fruto de reivindicaciones históricas de FACUA.
La asociación advierte de que los usuarios tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra y señala que está tramitando numerosos casos en defensa de afectados. Para asesorarles, ha puesto en marcha una plataforma de afectados en la web FACUA.org/aerofraudes. En caso de recibir respuesta negativa de las aerolíneas, FACUA insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas solicitando sanciones y a acudir a los tribunales. Los consumidores pueden hacerlo sin coste, ya que para cantidades inferiores a 2.000 euros no es obligatorio acudir con abogado ni procurador.
Bustinduy ha confirmado las multas desestimando los recursos de alzada interpuestos por estas compañías contra la resolución sancionadora de la Secretaría General de Consumo y Juego. De esta manera, se pone fin a la investigación iniciada por la Dirección General de Consumo en 2023 sobre unas prácticas que han sido calificadas como infracciones “muy graves” de la normativa de consumo recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la citada ley.
